Hamburger Anzeiger - Conflicto legal por honorarios y decomisos civiles de la sheriff de Miami-Dade

La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, se encuentra en el centro de un litigio judicial que cuestiona la legalidad de un acuerdo con el bufete Reyes Law Firm. Según documentos citados por The Miami Herald y confirmados por Univision, el contrato establece que el estudio legal recibirá entre el 20 % y el 35 % de lo recuperado en decomisos civiles. La cláusula especifica que no se paga remuneración alguna si no hay recuperación de activos, un modelo que ha sido impugnado por empresas distribuidoras de teléfonos móviles cuyas cuentas bancarias fueron congeladas.

El conflicto legal gira en torno a la estructura de incentivos financieros del acuerdo, fechado el 30 de junio de 2025. El bufete está dirigido por Israel "Izzy" Reyes, expolicía, exfiscal y exjuez que juramentó a Cordero-Stutz en 2025. La abogada de la sheriff, Lauri Waldman Ross, sostiene que el esquema es válido porque la oficina del sheriff supervisa activamente qué casos se persiguen y decide qué acuerdos aceptar, manteniendo el control final sobre las decisiones de decomiso.

Sin embargo, empresas distribuidoras sostienen que este incentivo económico vulnera el debido proceso. La jueza encargada del caso rechazó inicialmente la solicitud para descalificar al bufete, pero la disputa continúa en apelación ante el Tercer Distrito de la Corte de Apelaciones de Florida. En esta instancia, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Goldwater Institute y asociaciones de abogados defensores han presentado escritos argumentando contra la práctica.

Los montos en juego son significativos. Según The Miami Herald, el bufete presentó 16 acciones de decomiso, 14 de ellas en un solo día, contra las cuentas bancarias completas de varios minoristas y distribuidores de celulares. De los US$45,2 millones incautados, US$42,7 millones corresponden a la entidad SH Americas LLC. Estas incautaciones surgieron de una investigación de la oficina sobre dos ciudadanos chinos y una presunta red acusada de lavar dinero del narcotráfico mediante distribuidores; nadie en las empresas ha sido acusado formalmente.

Además de los fondos ya retenidos, la oficina busca decomisar otros montos transferidos a terceros. Las cifras varían según la fuente: Univision cifra esa suma adicional en US$2.468 millones, mientras que The Center Square, citando al Goldwater Institute, habla de US$2.600 millones. Las empresas demandantes proyectan que los honorarios del bufete alcanzarían entre US$9 y US$13 millones por lo ya incautado, y unos US$480 millones si se decomisaran los fondos adicionales. Univision aclara que estas son proyecciones de los demandantes, no montos cobrados.

La ley estatal de Florida, vigente desde julio de 2016, permite incautar bienes solo si el propietario es arrestado o cumple excepciones específicas, como que el bien sea un instrumento monetario. El texto de la ley establece que decidir si se inicia un decomiso civil es responsabilidad exclusiva del jefe de la agencia o su designado. Timothy Sandefur, del Goldwater Institute, señala que quien sufre una incautación no tiene derecho a un abogado de oficio y debe gastar miles de dólares para recuperar lo retenido.

Un modelo similar rige con la Policía de Coral Gables. Su jefe, Ed Hudak, afirmó al Herald que este tipo de acuerdos ahorra dinero público porque el bufete absorbe el costo de los casos perdidos y él decide si avanzar. La oficina de la sheriff no ha comentado sobre litigios abiertos, y las fuentes consultadas no han informado una fecha para la decisión final de la corte.

I.Hernandez--HHA